Normograma

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ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA : GENERALIDADES
CONSEJO DE ESTADO
2020
Ce sii e 3829ac de 2020 - El empleado público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa tiene derecho a la estabilidad laboral como sujeto de especial protección debido a la discapacidad de su hijo. el accionante se desempeñaba como auxiliar en provisionalidad, en la rama judicial de con 60 años y su núcleo familiar se compone por su esposa, ama de casa de 64 años, y su hijo, quién se encuentra en condición de discapacidad. el actor se encuentra afiliado al régimen de prima media y, al momento del ejercicio de la acción de tutela, le hacían falta 16 meses y 17 días para obtener su derecho al reconocimiento pensional. la dirección ejecutiva seccional de administración judicial, con ocasión de la conformación de la lista de elegibles para proveer el cargo de auxiliar administrativo grado 3, le informó al tutelante que se había efectuado un nombramiento en propiedad en el cargo que ostentaba y, en consecuencia, que su vinculación con la entidad culminaba. el juez constitucional no puede perder de vista la vulneración al mínimo vital de un sujeto de especial protección como lo es el hijo del aquí accionante, pues sin tener los ingresos para su manutención y darle el especial cuidado que su condición amerita, también podrían verse afectada su integridad física y vida digna. el reintegro será hasta tanto colpensiones reconozca la pensión de jubilación del accionante y lo incluya en nómina de pensionados
CORTE CONSTITUCIONAL
2020
Corte Constitucional, s. t- 524 de 2020 - La protección constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada en personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. la tutela es procedente para obtener el reintegro de las personas afectadas por el deterioro en su estado de salud, cuando concurren los siguientes presupuestos: i) que el peticionario sea una persona con reducciones físicas que lo sometan a un estado de debilidad manifiesta; ii) que el empleador tenga conocimiento de la situación; iii) que el despido tenga lugar sin la autorización de la oficina del trabajo; y, iv) el empleador no logre desvirtuar la presunción del despido discriminatorio -nexo causal entre el despido y el estado de salud del trabajador-. de tal forma que, si se encuentran acreditados todos los presupuestos mencionados, el juez que conozca del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor del trabajador: i) la ineficacia de la terminación o del despido laboral; ii) el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo desempeñado hasta su desvinculación; iii) el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en el cual proceda el reintegro; iv) el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, c.p.), y iv) el derecho a recibir una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario
Corte Constitucional, s. t- 388 de 2020 - Protección constitucional a la estabilidad ocupacional reforzada por salud. la estabilidad ocupacional reforzada no es ni se puede convertir en una petrificación contractual absoluta. precisamente, este es el motivo por el cual existe el procedimiento de autorización de despido ante el ministerio del trabajo. es un equilibrio entre el uso que pueden hacer los contratantes de su facultad para despedir, y la garantía que un inspector del trabajo brinda a los derechos de las personas que prestan sus servicios para evitar que se tomen decisiones arbitrarias irrazonables o desproporcionadas. la estabilidad ocupacional reforzada no elimina la facultad de terminar vinculación, sino que obliga a que se use a la luz de la constitución. en conclusión, existe desconocimiento de los fundamentos constitucionales y, especialmente, de los principios de igualdad y solidaridad cuando se evidencia un trato diferente o discriminatorio a las personas en condición de debilidad manifiesta por la afectación a su salud y sus capacidades, con independencia de la relación acordada entre las partes. aunado a lo anterior, sobre la protección reforzada a la madre cabeza de familia también se ha aclarado que: (i) la declaración ante notario, prevista en el parágrafo del artículo 2° de la ley 82 de 1993, no es una prueba necesaria para acreditar la condición de cabeza de familia, pues dicha protección no depende de esta clase de formalidades, sino de los presupuestos fácticos del caso concreto. (ii) dicha estabilidad reforzada no constituye una protección absoluta ni automática, pues en caso de existir una justa causa el empleador podrá desvincular al trabajador de su lugar de trabajo
Corte Constitucional, s. t- 277 de 2020 - Despido de personas sobre las que versa incapacidad médica. el subordinado que se encuentra dentro de un tiempo de incapacidad médica goza igualmente de una protección en su relación laboral, pues como ha explicado la jurisprudencia de esta corporación, una vez finalice dicho término deberá reincorporarse a sus labores, donde tendrán que reinstalarlo, de ser posible, o reubicarlo según las condiciones especiales que dicte su patología. por consiguiente, si el deseo del empleador es prescindir de sus servicios, tendrá que cumplir el requisito establecido para ello, en este caso, la autorización de la oficina del trabajo. además, la corte consideró que el concepto de sustitución patronal se busca proteger a los trabajadores, para que, en caso de un cambio en su dirección, dicha modificación no acarree cambios en el contrato de trabajo o la terminación del mismo de manera imprevista, situación que vulnera los derechos de los empleados. por consiguiente, esta figura deberá aplicarse cuando reúnan los tres requisitos desarrollados jurisprudencialmente
Corte Constitucional, s. t- 267 de 2020 - Derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas portadoras de vih. esta corporación ha reconocido la protección especial de que son titulares las personas que conviven con vih-sida, debido a que en ellas confluye la vulnerabilidad derivada de su condición médica con el hecho de ser históricamente discriminadas y estigmatizadas a raíz de los prejuicios sociales y el impacto del virus en la salud pública, lo que impone al estado la obligación de robustecer las medidas orientadas a asegurar su inclusión y a garantizar el goce efectivo de sus derechos. la corte ha entendido que los portadores de vih-sida son también beneficiarios de las medidas de protección en el trabajo previstas para las personas en condición de discapacidad. de este modo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la estabilidad laboral reforzada implica que ningún trabajador en estado de debilidad manifiesta -como en efecto lo son quienes adolecen de las citadas patologías- podrá ser desvinculado por su empleador sin contar con la autorización del ministerio del trabajo, autoridad a la cual le corresponde constatar la configuración de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato, so pena de la ineficacia del mismo y la consecuente obligación de pagar al trabajador una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio del reintegro y el pago de demás emolumentos a que haya lugar
Corte Constitucional, s. t- 102 de 2020 - La estabilidad laboral de personas en circunstancias de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro de salud en contratos por duración de la obra o labor. la jurisprudencia constitucional ha señalado que la estabilidad laboral se aplica tanto a los trabajadores en condición de discapacidad como a aquellos que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta en razón al deterioro de salud. por tanto, el empleador que termine el contrato de trabajo de una persona en situación de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro de salud, sin la autorización del inspector del trabajo, debe acreditar que “la desvinculación no está relacionada con las condiciones médicas del trabajador”, sino que obedeció a “la extinción definitiva del objeto y-o la causa del contrato”, al carácter transitorio de la labor contratada y a la desaparición de “la materia del trabajo”
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Corte Suprema de Justicia, s. cl 696sl de 2021 - Tener otros descendientes a su cargo que se presumen legalmente capaces al ser mayores de edad, no anula la posibilidad de acreditar la calidad de madre cabeza de familia sin alternativa económica. "[d]e dicha protección… no goza únicamente la madre con hijos menores o en situaciones de discapacidad, sino toda mujer que demuestre que la responsabilidad económica, social o afectiva de su núcleo familiar más cercano está a su cargo exclusivo, ya sea porque su cónyuge o compañero permanente esté permanentemente ausente o en una situación de discapacidad o invalidez, debidamente comprobada y que al momento del despido le impedía aportar en el hogar, o bien exista una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia… [l]a norma hace referencia a una deficiencia sustancial de ayuda a fin de establecer dicha calidad. [lo que] implica entender que, aún existiendo prueba de alguna contribución de tipo económico o laboral de los hijos mayores que integran un núcleo familiar…, si el aporte no es sustancial y las condiciones materiales del caso permiten establecer con certeza que la ausencia del salario de la mujer trabajadora comprometería el mínimo vital de los sujetos a su cargo, así como sus condiciones existenciales en el plano afectivo y social, deberá concluirse que es el sustento exclusivo del hogar y por tanto será imperativo impartir la protección… [p]ara acreditar la condición de madre cabeza de familia la ley no contempla formalidad jurídica alguna, de modo que es necesario auscultar en las condiciones materiales de cada caso concreto… [pero]… sería una carga desproporcionada exigirle… la prueba de un hecho imposible de acreditar [demostrar que no recibe ayuda de los miembros de la familia] a fin de respaldar la afirmación según la cual su salario es el único sustento de su familia"
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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
"Normograma del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA"
Última actualización: 17 de diciembre de 2021 - (Diario Oficial No. 51874 - 30 de noviembre de 2021)
Fecha de Diario Oficial: Fecha de Diario Oficial: Diciembre 13 de 2020 (No. 51527)

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