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CONCEPTO 1320 DE 2020

(julio)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, INVIMA

XXXXXXXXXXXXXXX

Asunto: Respuesta a su consulta sobre efectos de la sentencia C-155 de 2020

Respetado Dra. XXXXX, reciba un cordial saludo:

En atención a su consulta remitida a través de correo electrónico de fecha 22/07/2020, relacionada con los efectos de la sentencia C-155 de 2020, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

1. ¿Desde que (sic) fecha se debe contar el término de 3 meses en que fueron diferidos los efectos de la declaratoria de inexequibilidad, así mismo hasta que (sic) fecha los artículos 1 y 2 del precitado decreto dejaran (sic) de tener efectos jurídicos?

Para resolver esta inquietud, es menester señalar que de acuerdo con lo establecido en la sentencia C-155 de 2020, el plazo del diferimiento de los efectos de inconstitucionalidad deberá ser de tres meses, contados a partir de la comunicación de la presente sentencia". (Subrayas y negrita añadidas).

En tal sentido, si la Corte Constitucional comunicó la parte resolutiva y la síntesis de la providencia a través del comunicado de prensa publicado en su página web el 28 de mayo de 2020, los efectos de la sentencia se entienden diferidos, por decisión de la Corte, hasta el 28 de agosto del presente año.

En este punto es importante precisar que si bien los comunicados de prensa emitidos por la Corte Constitucional son meramente informativos, no son sentencias y, en esa medida, al no responder a las características propias de las providencias judiciales, no se les confiere fuerza vinculante de ninguna índole, no es menos cierto que, tratándose de la sentencia C-155 de 2020, la Corte decidió diferir sus efectos a partir de su comunicación.

Lo anterior, entiende esta Oficina, fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo 9 literal c) del Acuerdo 02 de 2015, por medio del cual se unificó y actualizó el reglamento de la Corte Constitucional, el cual prevé como función del presidente de dicha Corporación “servir a la Corte de órgano de comunicación y, en consecuencia, sólo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por la Sala Plena". (Se Subraya).

En el mismo sentido, el artículo 36 del aludido Acuerdo, prevé:

Artículo 36. Expedición y firma de providencias. Una vez adoptada la decisión por la Sala Plena, el Presidente procederá a comunicar a la opinión pública el sentido del fallo, a más tardar al día siguiente en que fue proferido. En la comunicación se señalará el sentido del voto de los magistrados disidentes y de quienes lo aclaren, sin perjuicio de que acompañen en el mismo término las razones que justifiquen su posición.

Las providencias deben ser firmadas en un término máximo de quince días contado desde el momento en que se dio a conocer a la opinión pública el sentido del fallo, salvo que el magistrado ponente justifique ante la Sala Plena su ampliación, por razones vinculadas con cambios sustanciales al proyecto original. En este último caso, la recolección de firmas, no podrá superar un término adicional de treinta días.

Una vez se cumpla lo dispuesto en los incisos anteriores se procederá inmediatamente a su publicación y notificación, con excepción de los fallos de tutela, en los que esta última actuación, se surtirá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2581 de 1991”.

Nótese que de acuerdo con la referida norma, los comunicados de prensa emitidos por la Corte Constitucional tienen por fin “comunicar a la opinión pública el sentido del fallo”, procedimiento que se diferencia de los actos procesales de publicación y notificación, como en efecto lo expresa la norma.

Tal posibilidad de comunicación de las sentencias ha sido reconocida por la misma Corte Constitucional al señalar:

“(...) conforme a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte Constitucional puede comunicar -que no notificar formalmente- sus fallos, y en especial su parte resolutiva, así el texto definitivo de la sentencia no se encuentre finiquitado. No existe entonces objeción a que la Corte ordene la comunicación de la parte resolutiva de la presente sentencia, al día siguiente de ser adoptada la decisión...". (Se enfatiza).

Precisamente, en ejercicio de esta función, el presidente de la Corte expidió y firmó el comunicado de prensa No. 22 de fecha 27 y 28 de mayo de 2020, comunicando la parte resolutiva y la síntesis de la providencia, así como los salvamentos parciales y aclaraciones de voto de, entre otras, la sentencia C-155/2020, de suerte que, a nuestro juicio, desde esa fecha se entiende comunicada la providencia.

En consecuencia, para esta Oficina es claro que los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 476 de 2020, tendrán vigencia hasta el 28 de agosto de 2020, en virtud del especial efecto temporal previsto en la mencionada sentencia de constitucionalidad.

2. Teniendo en cuenta que la Resolución 522 de 2020, se expidió en desarrollo del Decreto 476 de 2020, ¿la Resolución 522 de 2020 pierde sus efectos jurídicos en la misma fecha que los artículos 1 y 2 del Decreto 476 de 2020, al desaparecer su fundamento de derecho?

En relación con la vigencia de la Resolución 522 de 2020, expedida con fundamento en los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 476 de 2020, debemos traer a colación lo previsto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que al respecto señala:

“ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

(...)

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

(...)”.

En consecuencia, comoquiera que los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 476 de 2020 producen efectos hasta el 28 de agosto de 2020, a partir del día siguiente opera el decaimiento de la Resolución 522 de 2020.

Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-096 de 1995, al realizar el examen de constitucionalidad del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, cuyas causales de pérdida de fuerza ejecutoria se mantienen en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, señaló:

“El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparece del escenario jurídico. Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo”.

Así las cosas, una vez sean retiradas del ordenamiento jurídico aquellas normas declaradas inexequibles, los actos administrativos expedidos con fundamento en ellas, en este caso la Resolución 522 de 2020, perderán fuerza ejecutoria o decaerá por haber desaparecido su fundamento jurídico o de derecho, efecto que, bueno es precisar, se produce ipso iure y hacia futuro.

3. ¿Hasta cuándo (sic) se entiende vigente el artículo 3 del Decreto 476 de 2020?

Contrario a lo ocurrido con los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 476 de 2020, el artículo 3 fue declarado exequible, norma que dispone:

“Artículo 3o Documentos otorgados en el extranjero o en idioma extranjero: Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, se exceptúan los requisitos de apostille o consularización de los documentos requeridos para los trámites de otorgamiento de registros sanitarios, permisos de comercialización, notificaciones sanitarias obligatorias, autorización de donaciones o de productos vitales no disponibles, y sus trámites asociados, según corresponda, para medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal que se requieran para la prevención, diagnóstico o tratamiento del Covid 19.

Parágrafo. Se exceptúa para documentos en idioma extranjero, el aporte de la traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez, aceptándose para estos efectos la traducción simple”. (Se subraya).

De acuerdo con lo anterior, dicha norma estará vigente durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, es decir, hasta el 31 de agosto de 2020, según lo establecido en la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, salvo que la misma sea prorrogada.

4. El artículo 3 de la Resolución 2020012926 de 2020, modificada por la Resolución 20185 de 2020, prioriza unos trámites relacionados con productos para el Covid -19, con fundamento en el artículo 2 del Decreto 476 de 2020, hasta que fecha se dará aplicación de este artículo ¿hasta la emergencia sanitaria (31 de agosto) o el de los tres meses desde la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 476 de 2020? ¿Se realizará una modificación a estas resoluciones?

Considerando que el artículo 2 del Decreto Legislativo 476 de 2020 fue declarado inexequible con efectos diferidos por el término de tres meses, plazo que, como se ha indicado, se cumple el 28 de agosto de 2020, hasta esa fecha será posible priorizar trámites con fundamento en dicha norma.

Lo anterior habida cuenta que, según lo manifestó la Corte, “los efectos diferidos de la decisión de inconstitucionalidad se justifican (...) en la necesidad imperiosa de que los trámites y las actuaciones que se encuentran en curso y que se iniciaron con fundamento en las mismas concluyan”. (Subrayas añadidas).

A la fecha, no se ha considerado necesario modificar las Resoluciones 2020012926 de 2020 y 202020185 de 2020, en este sentido. Tampoco se indica en la consulta cuáles serían las razones a tener en cuenta para expedir un acto administrativo modificatorio a partir de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 476 de 2020, cuyo efecto no depende de decisiones administrativas del Invima.

5. ¿Se realizará algún pronunciamiento oficial del Invima respecto a este tema?

En la medida en que se estime necesario, de acuerdo con la recurrencia de las solicitudes de aclaración de aspectos relacionados con la Sentencia C-155 de 2020, esta Oficina llevará a consideración de la Dirección General la emisión de un comunicado oficial para su publicación en página web.

En los términos anteriores dejamos expuesto nuestro concepto sobre el tema consultado, quedando atentos para brindar las aclaraciones o ampliaciones que se consideren necesarias.

Cordialmente,

ANA MARÍA SANTANA PUENTES

Jefe Oficina Asesora Jurídica

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"Normograma del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA"
Última actualización: 5 de abril de 2021 - Diario Oficial No. 51.625 - 23 de marzo de 2021
Fecha de Diario Oficial: Fecha de Diario Oficial: Diciembre 13 de 2020 (No. 51527)

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