Normograma

Inicio
 
Documento PDF Imprimir

FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA – Se relacionan con el control de calidad y condiciones de salubridad de algunos productos / FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – Referidas al control de registro de las marcas y patentes y a hacer respetar el régimen de protección al consumidor / COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA – Para suspender registros sanitarios / RÓTULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EMPACADOS O ENVASADOS / ETIQUETAS, EMPAQUES Y RÓTULOS – Pautas / BEBIDA ENERGIZANTE – Suspensión de registro sanitario por incumplimiento de las normas de rotulado

[L]a suspensión del registro sanitario se dio por el incumplimiento de las normas de rotulado del producto Erektus, siendo este asunto competencia del INVIMA, pues como se mencionó con antelación, el legislador de 1979, mediante la Ley 9ª, concedió la competencia de verificar que los rótulos y etiquetas con el propósito de proteger al consumidor para que no lo indujeran a falsas valoraciones respecto del producto, ya que en esta entidad recae la competencia de vigilancia del cumplimiento de las normativas de sanidad, por lo que no existe en este caso un doble juicio marcario, puesto que dista el registro de la marca, el cual fue superado y por ende concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio y otro el control del rotulado del producto, en el que presentó problemas. Por lo que fue en cumplimiento de ese mandato legal y de la regulación realizada en la Resolución 2387 de 1999, en la que se indicó que la etiqueta o rótulo de los alimentos no debía describir o presentar el producto alimenticio envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una concepción errónea respecto de su naturaleza del producto, por lo que el INVIMA ordenó a la Comercializadora Lizarralde S.A. el cambio en el rótulo y ante el incumplimiento de este requerimiento suspendió el registro sanitario de la bebida energizante Erektus. Para tal fin aplicó lo señalado en el artículo 272 de la Ley 9º de 1999 que prohibió, en los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida. [...] Teniendo en cuenta lo anterior, y acudiendo al principio de complemento indispensable, la Sala concluye que el INVIMA sí tiene competencia para verificar el cumplimiento de la normativa de los rótulos y etiquetas del producto Erektus Energy Drinks + Figura humana del arte rupestre y para suspender el registro sanitario del producto ante la violación de las normas de la legislación sanitaria vigente, no encontrando mérito en los argumentos de alzada para desvirtuar la presunción de acierto de la sentencia proferida por el Tribunal a quo.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2153 DE 1992 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA / LEY 100 DE 1993 / DECRETO 1290 DE 1994 / LEY 9 DE 1979 / DECRETO 1266 DE 1994 / RESOLUCIÓN 243710 DE 1999 INVIMA / RESOLUCIÓN 5109 DE 2005 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2004-00883-01

Actor: COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Fallo de Segunda Instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación[1] oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección "B", que denegó las súplicas de la demanda.

I.ANTECEDENTES

1. Demanda

La sociedad COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. formuló, por conducto de apoderado judicial[2], demanda de nulidad y restablecimiento del derecho[3], contra: i) el Auto No. 2002005063 del 26 de septiembre de 2002, ii) la Resolución No. 2003001940 del 11 de febrero de 2003 y iii) el Oficio No. 2003000769 del 20 de febrero de 2002, proferidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, en adelante INVIMA, mediante los cuales suspende el Registro Sanitario RSiA1519102, otorgado a la comercialización y venta del producto EREKTUS ENERGY DRINKS con marca de fábrica EREKTUS, debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.1. Al respecto, formuló las siguientes pretensiones:

"2.1. Declarar parcialmente la nulidad del Auto No. 2002005063 de la Accionada, firmado por la Subdirectora Administrativa con asignación de funciones de la Subdirección de Licencias y Registros, fechado el 26 de septiembre de 2002, en cuanto se ordena a COMERCIALIZADORA LIZARRALDE "AJUSTARSE A LOS CONCEPTOS EMITIDOS POR LA SALA ESPECIALIZADA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS", respecto a la marca EREKTUS y el "LOGO O FIGURA QUE APARECE EN LA LATA" no pueden ser utilizados.

2.2. Declarar la nulidad de la Resolución 2003001940 del 11 de febrero de 2003 en cuanto se tiene por no satisfactoria la respuesta al requerimiento No. 2002005063 y se acogen las consideraciones y recomendaciones de la SEABA en cuanto a que la marca EREKTUS y el LOGO del producto "bebida cafeinada" amparado por el registro sanitario No. RSjA 1519102 no pueden ser utilizados.

2.3. Declarar la nulidad absoluta del Oficio 2003000769 del 20 de febrero de 2003 firmado por la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA, mediante el cual se solicita a la División de Regulación y Vigilancia de Alimentos tomar las medidas sanitarias a que hay lugar (decomiso y destrucción de mercancías y cierre de establecimientos en que se almacenen o comercialicen productos EREKTUS)

2.4. Ordenar el cese inmediato o reversión de los efectos de las decisiones que se hayan adoptado ya o se adopten en el curso del proceso, con base en los actos administrativos censurados, particularmente la de suspensión del registro sanitario No. RSiA 1519102 para importar y vender el producto "bebida cafeinada" y energizante denominada "EREKTUS"

2.5. Conceder la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos administrativos acusados de nulos, en los términos y por las razones que en escrito separado se precisan, de conformidad con lo prevenido en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

2.6. Condenar al INVIMA a indemnizar los perjuicios materiales causados a la sociedad COMERCIALIZADORA LIZARRALDE S.A. como efecto inmediato o mediato de los actos administrativos demandados, en la cuantía que se establezca pericialmente, pero que aquí nos permitimos estimar provisionalmente en $500.000.000,oo.

2.7. Condenar a la accionado a pagar a la actora, mil gramos oro o la cantidad que ese Despacho señale, a título de compensación por perjuicios morales a que hay lugar por los actos administrativos, denunciados como arbitrarios.

2.8. Costas (expensas y agencias en derecho) que se generen por causa o con ocasión de este proceso"[4]

1.2. Hechos

En apoyo de sus pretensiones, el representante judicial de la compañía demandante señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1.2.1. La Comercializadora Lizarralde S.A. solicitó al INVIMA el Registro Sanitario para comercializar y vender el producto Erektus Energy Drinks con marca de fábrica Erektus, previo registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.2.2. Mediante Resolución No. 20021227 del 17 de junio de 2002, el INVIMA concedió a la actora el Registro Sanitario RSiA 1519102, para comercializar y vender el producto Erektus Energy Drinks con marca de fábrica Erektus junto con la gráfica o figura del hombre del arte rupestre.

1.2.3. La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, registró como marcar los signos Erektus (nominativo), Erektus + gráfica o figura de hombre del arte rupestre (mixto) y gráfica o figura de hombre del arte rupestre (figurativo).

1.2.4. La Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas (SEABA) del INVIMA, en el Acta 08 de 2002 conceptuó que el rotulado e ilustración que aparece en la lata del producto energizante marca Erektus, contraviene la legislación sanitaria vigente sobre el particular, por cuanto conduce a error, engaño, o confusión al consumidor y por tanto recomendó que el producto en cuestión ajuste el rotulado y condiciones de comercialización a lo señala en la referida acta, y propuso denominar las bebidas energizantes como "bebidas cafeinadas"

1.2.5 La Sociedad demandante manifestó que cumpliría la recomendación de anunciar el producto como "bebida cafeinada", lo que efectivamente hizo, y solicitó la revisión del concepto transcrito aduciendo que el signo distintivo Erektus no contravenía ningún mandato legal, era útil como marca y como tal había sido concebido por la empresa multinacional Pirelli para, por analogía con el comienzo de la especie humana, transmitir la idea de que con los productos marcados así de fábrica, se iniciaba una nueva generación de bebidas energizantes. Igualmente le precisó a la SEABA que la competente para hacer el control de legalidad sobra marcas es la Superintendencia de Industria y Comercio quien concedió el registro para productos de la Clase 32 internacional.

1.2.6. La SEABA, confirmó su concepto de que la marca Erektus+ logo o figura humana rupestre, contravenía las norma legales por inducir a error, engaño o confusión al consumidor.

1.2.7. Mediante Auto No. 200200563 del 26 de septiembre de 2002, el INVIMA, so pena de suspender el registro, requirió a la Comercializadora Lizarralde S.A., a ajustarse a los conceptos emitidos por la SEABA, y por consiguiente allegara las etiquetas debidamente corregidas, expresando de manera clara y destacada la categoría o denominación de bebida cafeinada, sin hacer alusión, mención o sugerir propiedades terapéuticas, preventivas, curativas, ni podrá hacerse mención a alusión o sugerir acción farmacológica alguna.

Igualmente, señaló que el producto solo podría ser comercializado, expedido y dirigido a la población adulta y que para efectos de la obtención del registro sanitario debe presentarse la composición cuantitativa del producto.

1.2.8. La Comercializadora respondió al requerimiento hecho en el auto anterior, señalando que el rotulado se adecua a lo señalado en la ley y a las recomendaciones de la SEABA, y que la marca registrada, utilizada para identificar el producto, no contravenía el ordenamiento jurídico y su utilización estaba autorizada y protegida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

1.2.9. Mediante la Resolución 2003001940 del 11 de febrero de 2003, el INVIMA acogió las recomendaciones de la SEABA y suspendió el registro sanitario, al considerar que la marca registrada Erektus + logo inducia a error, engaño y confusión al consumidor sobre la naturaleza y características del producto.

1.2.10. Mediante el Oficio 2003000769 del 20 de febrero de 2003, el INVIMA da traslado de lo resuelto a la División Regulación y Vigilancia de Alimentos del INVIMA para lo de su competencia, esto es, imponer medidas de seguridad y sancionatorias, que pueden consistir en decomiso y destrucción de las mercancías marcadas Erektus + gráfica o logo, imposición de multas y cierre de establecimientos de almacenamiento o distribución.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora adujo la violación de los artículos 4, 6, 23, 25, 29, 58 y 61 de la Constitución Política, artículos 152 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 2, 3, 25, 31, 35, 36 y 44 del Código Contencioso Administrativo, artículos 2, 14 y 15 del Decreto 2153 de 1992, artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y artículo 20 del Decreto 612 de 2000:

Para el efecto, propuso el siguiente cargo, a saber:

1.3.1. Falta de competencia del INVIMA al expedir los actos impugnados

Manifestó que el INVIMA en lugar de velar por la efectividad de los derechos sustanciales adquiridos por la parte actora en materia marcaria, los suspendió sin tener competencia para ello, vulnerando los artículos 58 y 61 de la Constitución y 152 y 154 de la Decisión 486 de la Declaración de la Comisión de la Comunidad

Andina, que consagran que el registro de una marca, concedido por la oficina nacional competente y da al titular el derecho de usarla y al impedir su uso, el INVIMA está extralimitándose en sus competencias.

Afirmó que la entidad demandada viola los artículos 2, 14 y 15 del Decreto 2153 de 1992, por falta de aplicación, toda vez que éstos asignan como competencia privativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, la función de administrar el sistema nacional de propiedad industrial, tramitar y resolver las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y decidir las cancelaciones o caducidades de las mismas. Por tanto, consideró que el INVIMA se abrogó para sí tales funciones al prohibir el uso de una marca legalmente registrada.

Precisó que no resulta válido que el INVIMA suspenda el registro sanitario con fundamento en su desacuerdo con la marca, toda vez que su función no se relaciona con el carácter distintivo y no engañoso de una marca, competencia que corresponde de manera privativa a la Superintendencia de Industria y Comercio, como única oficina nacional competente en materia de propiedad intelectual en Colombia.

Consideró que mientras el registro de marca tiene como función distinguir los productos de un empresario de los de otros, para lo cual se realiza un riguroso estudio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, encaminado a determinar si éste puede inducir a error o confundir a los consumidores, un registro sanitario tiene como objeto evitar que se produzcan, comercialicen, importen, exporten, envasen, procesen o expendan productos que al no cumplir determinados requisitos técnicos, sanitarios o de formulación química o farmacéutica, puedan llegar a afectar la salud individual o colectiva de los consumidores.

Por lo que, debe entenderse que la autoridad otorgante del registro sanitario no puede negarse a concederlo o suspenderlo con fundamento en lo establecido en el artículo 272 de la Ley 9° de 1979[5], pues ello necesariamente implicaría no solo un segundo examen de registrabilidad que no prevé la Decisión 486, sino que además sería una restricción de derechos que por virtud de la misma Decisión tiene el titular del registro de marca.

2. Admisión de la demanda

A través de providencia de 10 de febrero de 2005[6], el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección "B", admitió la demanda, negó la suspensión provisional y ordenó las notificaciones de rigor.

3. Contestación[7]

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones elevadas por la accionante, bajo el siguiente derrotero argumentativo:

3.1. El INVIMA no excedió las competencias constitucionales y legales

El INVIMA no excedió sus competencias al suspender el registro sanitario del producto en cuestión, más aún actuó de acuerdo con las facultades que le asigna la ley para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos.

Precisó que la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Comisión Revisora, en Acta N° 10 de 2002[8], acogida por el INVIMA mediante la Resolución N°2003001940 del 11 de febrero de 2003, conceptuó que debía eliminarse la imagen humana y la expresión Erektus en el rotulado del producto Erektus Energy Drinks, porque la imagen humana y la expresión erektus induce a engaño, error o confusión al consumidor sobre la verdadera naturaleza y características del producto y contraviene la expresa prohibición sobre este particular consagrada en la Norma Técnica Colombiana NTC-512-1.

Por lo anterior, señaló que el INVIMA obró de acuerdo con las normas legales establecidas, que no permiten el rotulado de alimentos que puedan ocasionar confusión o error al consumidor de un producto, como en el caso en mención, según lo establecido en el artículo 272 de la Ley 9° de 1979:

"Artículo 272. En los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida."

Alegó que, en este sentido, para un consumidor medio que en una estantería divisara el producto objeto de la demanda, percibiría que éste tiene algún efecto o acción terapéutica referida a la disfunción eréctil, por el tipo de nombre y por la gráfica que lo acompaña, indicación terapéutica que está prohibida para los alimentos, y que efectivamente no ostenta esta bebida energizante.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que no sólo se suspendió el registro sanitario del producto en cuestión por el incumplimiento de la normatividad en materia de rotulados de alimentos, sino también por otras razones expuestas en el Oficio N° 2003000769 del 20 de febrero de 2003 del INVIMA, que determinó que el demandante no justificó nutricionalmente la utilización de los extractos de hierbas y que el certificado de venta libre no reposaba en el expediente, el cual debe allegarse cumpliendo con los requerimientos de los articulas 259 y 260 del

C.P.C.

Consideró que, no puede decirse que el INVIMA haya vulnerado las normas de competencia material establecidas en la Constitución y la ley ya que precisamente ha sido la misma ley quien le ha otorgado esas funciones en materia de control y vigilancia sanitaria, incluyendo las de prohibir que los alimentos puedan contener un rótulo que lleve a confusión a los consumidores.

3.2. El INVIMA no vulneró normas en materia de competencia marcaria

En este caso el INVIMA no revocó ni canceló la marca de propiedad de la sociedad Comercializadora Lizarralde S.A. ya que únicamente estableció que ésta no podía presentarse en los alimentos de la forma planteada, al potencialmente inducir a error o confusión al consumidor sobre la naturaleza del producto.

Consideró que es necesario diferenciar  la competencia que en materia sanitaria tiene el INVIMA, con respecto a las marcas y nombres de los productos que puedan tener incidencia en la salud humana, y la competencia que ostenta la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de otorgamiento de estos derechos de propiedad intelectual, ya que la competencia del INVIMA sobre éstos es básicamente de control sanitario pero no sobre la titularidad de los derechos en sí mismos, situación que confunde el demandante, ya que en ningún momento el demandado ha cuestionado la relación del titular del derecho con el bien inmaterial. De esta forma, la sociedad demandante es titular de la marca en discusión, pero sanitariamente ésta no es apta para ser incluida en alimentos que sean de consumo humano en Colombia.

Manifestó que el INVIMA tiene como función defender la salud individual y colectiva, por consiguiente, es su deber no aprobar nombres y gráficas en los rótulos de los alimentos que puedan vulnerar este derecho colectivo, y que lleven a confusión al consumidor sobre las verdaderas propiedades nutricionales más no terapéuticas de estos productos.

En lo referente al Concepto citado por el actor, se debe aclarar que si bien la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para regular los derechos de propiedad marcaria, no es cierto que este derecho sea de índole absoluto para comercializar cualquier producto.

Indicó que el legislador le ha dado al INVIMA la competencia para controlar y vigilar las etiquetas y rótulos de los productos alimenticios, y por lo tanto, de los nombres y figuras que aparezcan en éstos, para garantizar que no se lleve a confusión a los consumidores sobre el contenido de los alimentos.

Tal competencia se evidencia en la Norma Técnica Colombiana (NTC)- 1 cuarta actualización, acogida mediante la Resolución 2387 de 1999 proferida por el Ministerio de la Protección Social, el artículo 5° de la Resolución 00485 del 2005, emitida por el Ministerio de la Protección Social y el artículo 272 de la Ley 9° de 1979.

Por su parte, el Decreto 612 de 2000, estableció los denominados registros automáticos o inmediatos, para todos los productos competencia del INVIMA, excepto los medicamentos, preparaciones farmacéuticas con base en productos naturales y bebidas alcohólicas, así como todos aquellos productos que sean regulados por normatividad especial, como los homeopáticos y los reactivos de diagnóstico in vitro.  

Se denominan registros automáticos porque se simplifican una serie de trámites para obtenerlos, se emiten en un tiempo más corto, sin perjuicio del control posterior que realiza el INVIMA para determinar que los requerimientos exigidos hayan sido cumplidos a cabalidad y para asegurar que la calidad del producto no sea nociva para la salud humana.

Una vez se otorga el registro sanitario automático, se puede requerir al titular del mismo para constatar que los documentos suministrados, para obtener la autorización, estén acordes con la ley. Si el titular del registro es requerido, se le advierte que en caso de no dar respuesta o no ser ésta satisfactoria se le suspenderá el registro sanitario.

En conclusión, la función de controlar los nombres de los alimentos no es una decisión discrecional del INVIMA, ya que es la ley la que ha determinado que esta entidad no acepte aquellos que puedan inducir a error o engaño sobre la verdadera naturaleza de los mismos, tal como se observa de manera inequívoca en la legislación citada, y no se puede desatender el derecho a la salud de proteger un interés netamente comercial o económico, contrariando el mandato constitucional.

4. Etapa probatoria

Mediante auto del 21 de julio de 2005[9] el Despacho ponente de la primera instancia ordenó oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que allegara copia de los actos mediantes los cuales concedió a la demandante los registros de las marcar Erektus, Erektus+ gráfica y figurativas y, que informara cuál es su posición jurídica ante las decisiones del INVIMA atacadas por esta vía judicial.

Así mismo, decretó la prueba pericial solicitada por el actor para  determinar la cuantía de los perjuicios causado a la sociedad Comercializadora Lizarralde S.A., por lo que nombre a la señora Leonor Ortiz Carvajal para que en el término de 30 días rindiera el dictamen pericial solicitado.

4.1. Superintendencia de Industria y Comercio

Mediante oficio del 2 de septiembre de 2005 la jefe de la Oficina Asesora Jurídica reiteró lo dicho en el oficio No. 04101503 del 30 de noviembre de 2004, en el que precisó que en Colombia el tema de la propiedad industrial es regulado actualmente, de manera primordial, por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por virtud de los previsto en el artículo 1º del Acuerdo de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba.

Señaló que la legislación doméstica de cada uno de los países parte de la Comunidad Andina solamente puede reglamentar los vacíos o temas tratados en la misma. En ese orden de ideas, si la ley interna contraviene la norma comunitaria no se aplica pues prevalece esta última.

Indicó que la autoridad competente en materia de propiedad industrial de acuerdo con el artículo 2 numeral 6 del decreto 2153 de 1992 es la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que es esta oficina la encargada de "administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

Precisó que de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, constituye marca "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado", de lo que resulta claro que, un registro de marca distingue los productos o servicios que ampara, de otros iguales o similares producidos o comercializados por otras personas, y que es la norma andina la que define que signo puede constituirse como marca, sin que exista la posibilidad que una norma interna lo haga.

La Decisión 486 indica los requisitos que debe cumplir el signo para poder distinguir como marca un producto determinado, incluyendo los farmacéuticos u otros sujetos a licencias otorgadas por parte de entidades administrativas para efectos de comercialización.

En cuanto al registro sanitario indicó que la autoridad competente es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, y cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia

de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos y productos biológicos, entre otros, que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

Resaltó que mientras un registro de marca tiene como función distinguir los productos de un empresario de los de otros, para lo cual es objeto previamente de un riguroso estudio por parte de la oficina nacional competente (SIC), un registro sanitario tiene como objeto evitar que se produzcan, comercialicen, importen, exporten, envasen, procesen y/o expendan productos que, en tanto puedan no cumplir con unos determinados requisitos técnicos, sanitarios o de formulación química o farmacéutica, pueden llegar a afectar la salud individual o colectiva de los consumidores.

Precisó que, sin perjuicio del hecho de que un registro sanitario de un producto identificado con una marca debidamente registrada, pueda ser negado si no cumple con los requisitos técnicos o legales previstos para su otorgamiento se debe tener en cuenta que, cuando una marca se encuentre registrada, considerando que la oficina nacional competente concedió el registro respectivo realizando para el efecto un examen de registrabilidad, la autoridad otorgante del registro sanitario no puede negarse a concederlo o suspenderlo por no cumplir requisitos para identificar el producto como marca, pues ello necesariamente implicaría, no solo un segundo examen de registrabilidad que no prevé la Decisión 486, sino, además, una restricción a los derechos que por virtud de la misma Decisión tiene el titular del registro de marca.

Finalizó indicando que no resulta procedente que el INVIMA se oponga o niegue el registro sanitario con fundamento en su desacuerdo frente a una marca concedida, toda vez que sus funciones y facultades se relacionan con la verificación de los requisitos sanitarios del producto, no con la verificación del carácter distintivo o la existencia de causales de irregistrabilidad para la marca del mismo, función que, reiteró, es de competencia privativa de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Alegatos de conclusión en primera instancia

Por auto de 29 de octubre de 2009[10], el Despacho sustanciador del proceso al interior de la Sección Primera – Subsección "B" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó correr traslado a las partes con el propósito de que presentaran sus alegatos de conclusión, los que fueron allegados oportunamente[11], en el sentido de reiterar las consideraciones expuestas en los escritos de demanda y contestación.

6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público se abstuvo de emitir su concepto en esa instancia del proceso.

7. Fundamentos de la sentencia recurrida

Mediante sentencia de 8 de julio de 2010[12], el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección "B", denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los razonamientos que se resumen a continuación:

Consideró que el problema jurídico consistía en determinar si el INVIMA tenía competencia para negar el registro sanitario al encontrar que el producto inducía a error o confundía a los consumidores.

Al respecto el Tribunal señaló que de acuerdo con el Decreto 1290 de 1994, la competencia específica de la revisión de los rótulos o etiquetas así como de autorizar la publicidad que se dirija a promover la comercialización y consumo de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9° de 1979 y sus Decretos Reglamentarios es el INVIMA.

En el mismo sentido indicó que la Resolución 243710 de 1999, proferida por el INVIMA y la Norma Técnica Colombiana NTC 512-1, acogida por la Resolución 2387 de 1999, la etiqueta o rótulo de los alimentos no puede describir o presentar el producto alimenticio envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una concepción errónea respecto de su naturaleza del producto. Además no pueden describirse ni presentarse con un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del producto.

Por lo que concluyó que efectivamente el INVIMA tiene competencia para autorizar la publicidad que se dirija a promover la comercialización y consumo de la bebida Erektus Energy Drinks y que en atención al Decreto 612 de 2000, si tenía competencia para solicitar correcciones a las inconsistencias o incumplimiento de normas vigentes en materia sanitaria y como las correcciones presentadas por la Comercializadora Lizarralde S.A., no fueron satisfactorias, el demandado suspendió, con facultades legales para ello, el Registro Sanitario RSiA1519102.

Bajo esta línea argumentativa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección "B" denegó las pretensiones de la demanda.

8. Fundamentos del recurso de apelación

La parte demandante formuló, con escrito de 21 de julio de 2010[13], recurso de alzada en los términos que pasan a exponerse:

Indicó que la discusión radica en que la autoridad sanitaria (INVIMA) decidió suspender el registro sanitario, por considerar que la marca, que fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, podía inducir a error a los consumidores, no obstante, esta es una situación que no afecta no compromete las condiciones de calidad y salubridad del producto.

Alegó que el fallo apelado no tuvo en cuenta las competencia de la SIC, puesto que dentro de sus funciones reposa la de decidir los asuntos relacionado con la propiedad industrial.

Asimismo indicó que se desconoció los argumentos expuesto por la Superintendencia quien señaló que "la autoridad otorgante del registro sanitario no puede negarse a concederlo o suspenderlo por no cumplir requisitos para identificar el producto como marca".

Finalizó manifestando que si el INVIMA consideraba que la comercializadora Lizarralde S.A. estaba inmersa en alguna causal de irresgistrabilidad, debía acudir a los mecanismos establecidos para tal fin, esto es, a través de una acción de nulidad en contra de los actos administrativos que otorgaron el registro marcario.

9. Trámite en segunda instancia

El recurso propuesto fue admitido en auto del 15 de diciembre de 2010[14] por la Sección Primera, Despacho del Dr. Rafael Ostau De Lafont Pianeta, y mediante auto de 29 de agosto de 2011[15] ordenó correr traslado de éste, de conformidad con el inciso 3º y 5º del artículo 212 del CCA.

10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La sociedad recurrente[16] y el INVIMA[17] presentaron alegatos de conclusión en los que reiteraron los argumentos expuestos en su recurso de alzada y en la contestación de la demanda, respectivamente.

11. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia

En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

II.- Interpretación Prejudicial

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial solicitada por el Despacho del Dr. Guillermo Vargas Ayala[18] de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:

"1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, Implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo. De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Debe tenerse presente entonces, que la Autoridad Nacional Competente en temas de Propiedad Industrial es la única que tiene facultad para otorgar derechos sobre una marca a favor de una persona natural o jurídica y que, luego de otorgada la marca, únicamente su titular está facultado para usarla o para permitir su uso por terceros.

3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

4. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

5. Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

6. Deviene necesario distinguir la Oficina Nacional Competente en materia de propiedad Industrial y la Oficina Nacional Competente en materia sanitaria. La primera es la encargada del registro de la propiedad industrial, la segunda es la que realiza funciones en materia de control y vigilancia sanitaria, en medicamentos, productos biológicos, alimenticios y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva. En el caso de la República de Colombia, los registros sanitarios son expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Mientras un registro marcario tiene por función primordial la de distinguir unos productos o servicios de otros en el mercado, como se indicó en el numeral 3.1. de esta interpretación prejudicial, para lo cual la Oficina de Registro Marcario ha de adelantar el trámite ya mencionado, un registro sanitario tiene por objeto evitar que se produzcan, comercialicen, importen, exporten, envasen, procesen o expendan productos que pueden afectar la salud de los consumidores si es que no cumplen con determinados requisitos.

De conformidad con lo mencionado, se puede denegar el registro sanitario de un producto aun cuando dicho producto se encuentre distinguido con una marca, sin embargo, en dicho análisis, no se puede realizar un ulterior examen de registrabilidad marcario, que mire las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, ya que la Oficina en materia sanitaria estaría invadiendo la competencia de la Oficina en materia marcaria.

Cabe destacar que en productos alimenticios se ha de ser muy cuidadosos, tanto al realizar el examen de registrabílidad marcario, como en el examen para obtener el registro sanitario, dos circunstancias diferentes y adelantadas por órganos competentes también diferentes, desde que se ha de evitar toda circunstancia que induzca a error o a confusión al público consumidor, más aún cuando se protege la salud y vida de este público consumidor. Este Tribunal Comunitario ha enfatizado lo anterior en sus pronunciamientos.

Finalmente, los Países Miembros a través de su normativa nacional deberían armonizar la normativa en propiedad industrial y la sanitaria, desde que la norma comunitaria regula lo relacionado al registro marcario en tanto que no ha regulado lo atinente al registro sanitario, lo cual se hace a través de la normativa nacional. Lo anterior es importante a efectos de evitar conflictos entre las oficinas competentes que administran cada uno de dichos ámbitos, con competencias y funciones muy bien delimitadas, generando seguridad jurídica en el público consumidor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2004-00883, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente."[20]

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 8 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección "B", en los términos del artículo 129 del C.C.A.[21], en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

2. Cuestión previa

Mediante escrito radicado 15 de mayo de 2018, el Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó su impedimento para conocer y decidir la segunda instancia del proceso de la referencia, con fundamento en el numeral 2º del artículo 141 del Código General del Proceso, toda vez que como Magistrado de la Sección Primera, Subsección "B" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suscribió, la sentencia de primera instancia, dentro del proceso de la referencia.

La Sala aceptará su impedimento y lo separará del conocimiento del caso al constatar la materialización de la causal, ya que de conformidad con el alcance de la misma, ésta se configura por "Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente".

3. Actos demandados

La sociedad recurrente solicita la declaratoria de nulidad del auto 2002005063 del 26 de septiembre de 2002[22], la Resolución Nº. 2003001940 del 11 de febrero de 2003[23] y del Oficio Nº 2003000769 del 20 de febrero del 2003[24], expedidas Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-.

4. Problema jurídico

Se debe establecer si el fallo de primera instancia, proferido por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "B", se debe confirmar, modificar o revocar, a partir de los argumentos dados en la apelación presentada por la sociedad demandante.

El presente asunto se contrae a determinar si el INVIMA – autoridad demandada -  desbordó su competencia al suspender el registro sanitario del producto bebida energizante Erektus al considerar que el rotulado del mismo inducia a error, engaño o confusión al consumidor.

Con el propósito de absolver este cuestionamiento jurídico, esta Sala de Decisión abordará, por efectos metodológicos, los siguientes asuntos: (i) competencia de las Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial; (ii) competencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- en cuanto a registro sanitario (ii) De los rótulos, (iv) Del asunto sometido a consideración de la Sala.

4.1. Competencia de las Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

La Constitución Política de Colombia, en su título XII, reguló el régimen económico y de la hacienda pública, que guiaría al país, a partir de su promulgación en el año de 1991. Así en su artículo 333, estableció:

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación"

Es en desarrollo del mencionado mandato constitucional que la Superintendencia de Industria y Comercio, encuentra la razón de su existencia, en el campo de propiedad industrial, de allí que su misión institucional se haya establecido bajo los siguientes derroteros:[25]

"La Superintendencia de Industria y Comercio vela por el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y protección de la libre competencia económica, de los derechos de los consumidores, del cumplimiento de aspectos concernientes con metrología legal y reglamentos técnicos, la actividad valuadora del país, y la gestión de las Cámaras de Comercio.

A su vez, es responsable por la protección de datos personales, administra y promueve el Sistema de Propiedad Industrial y dirime las controversias que se presenten ante afectaciones de derechos particulares relacionados con la protección del consumidor, asuntos de competencia desleal y derechos de propiedad industrial.

Esto lo logra gracias al compromiso y competencia técnica de su talento humano, que articulados con recursos físicos, tecnológicos y financieros, contribuye al desarrollo de la actividad empresarial y a la protección de los derechos de los consumidores en Colombia".[26]

En esta misma línea argumentativa, el Presidente de la República, con fundamento en el artículo 20 transitorio de la Constitución,[27] profirió el Decreto No. 2153 de 1992,[28] por el cual se reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio.

De las diferentes funciones asignadas en el artículo 2º de dicho decreto, para el caso que ocupa la atención de la Sala, resultan de interés, la siguiente:

"6. Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

En cuanto a las funciones del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y la División de Signos Distintivos el mentado decreto estableció:

"ARTICULO 14. FUNCIONES ESPECIALES DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Son funciones especiales del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial;

1. Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por los jefes de las divisiones a su cargo, excepción hecha de aquellos que le corresponden al Superintendente de Industria y Comercio, en los términos del presente Decreto.

2. Decidir las solicitudes relacionadas con los modelos de utilidad.

3. Decretar la caducidad de los derechos conferidos por las patentes de modelos de utilidad.

4. Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones a su cargo.

5. Preparar el material para la elaboración de la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.

6. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTICULO 15. FUNCIONES DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. Son funciones de la División de Signos Distintivos:

1. Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales y diseños industriales, con la renovación de Marcas y lemas comerciales y con el depósito de los nombres y enseñas comerciales;

2. Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas.

3. Llevar los archivos y registros de los signos distintivos;

4. Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones a su cargo;

5. Preparar el material para la elaboración de la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo;

6. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia."

Si bien la estructura de la SIC ha sufrido varias modificaciones[29] estas fueron con posterioridad a la presentación de la demanda que ocupa la atención de la Sala, por lo que dichos cambios no estaban en vigencia en aquel entonces y por ende no serán tenidos en cuenta.

Mientras que la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 135 señala las cláusulas de irregistrabilidad y especifica que:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres"

4.2. Competencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- en cuanto a registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA surge con la Ley 100 de 1993 y la creación del "Sistema General de Seguridad Social en Salud" con el que se reorganizó la prestación de los servicios de salud e integró la salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de servicios privados.

Entre las decisiones consignadas en esta norma, su artículo 245 ordenó la creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y dispuso:

"Créase el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

El Gobierno Nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, así como el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de que trata el objeto del Invima, dentro del cual establecerá las funciones a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, de conformidad con el régimen de competencias y recursos."

En ejecución de este mandato fue expedido el Decreto 1290 de 1994, por medio del cual se precisaron las siguientes funciones del INVIMA, en relación con el tema en estudio:

"ARTICULO 4. Funciones. En cumplimiento de sus objetivos el INVIMA realizará las siguientes funciones:

1. Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo.

(...)

3. Proponer, desarrollar, divulgar y actualizar las normas científicas y técnicas que sean aplicables en los procedimientos de inspección, vigilancia, control, evaluación y sanción, y en la expedición de licencias y registros sanitarios.

(...)

5. Expedir las licencias sanitarias de funcionamiento y los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación, modificación y cancelación de los mismos, cuando le corresponda, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional con fundamento en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993; los registros y licencias así expedidos no podrán tener una vigencia superior a la señalada por el Gobierno Nacional en desarrollo de la facultad establecida en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993.

6. Delegar en algunos entes territoriales la expedición de las licencias sanitarias de funcionamiento y de los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación modificación, cancelación y otras novedades referidas a los mismos, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional con fundamento en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993.

(...)

12. Dirigir, coordinar y controlar el diseño, operación y actualización del sistema de información referido a las licencias y registros sanitarios en todo el país.

(...)

14. Impulsar y dirigir en todo el país las funciones públicas de control de calidad, vigilancia sanitaria y de vigilancia epidemiológica de resultados y efectos adversos de los productos de su competencia.

15. Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y procedimientos establecidos y adelantar las investigaciones que sean del caso, aplicar las medidas de seguridad sanitaria de ley y las sanciones que sean de su competencia, de conformidad con la Ley 9 de 1979 y remitir a otras autoridades los demás casos que les correspondan.

16. Proponer medidas de carácter general para promover la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la elaboración de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, así como en su transporte, almacenamiento y en las demás actividades propias de su comercialización.

(...)

19. Autorizar la publicidad que se dirija a promover la comercialización y consumo de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1.979 y sus Decretos Reglamentarios y en las demás normas que se expidan para el efecto. El INVIMA podrá autorizar de manera general y previa, toda la publicidad que se ajuste a los criterios generales que para el efecto disponga.

(...)

23. Otorgar visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes.

24. Propender, dentro de su competencia, por la armonización de las políticas referidas a la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, con los países con los cuales Colombia tenga relaciones comerciales."

Ese mismo año, la Junta Directiva del INVIMA adoptó a través del Acuerdo 02 la estructura interna de la Entidad, conformada por la Junta Directiva, la Dirección General y las oficinas de Control Interno, de Planeación e Informática y Jurídica, las Subdirecciones Administrativa, de Licencias y Registros, de Medicamentos, de Alimentos y de Insumos, con sus respectivas divisiones y laboratorios y definieron las funciones de cada dependencia, de conformidad con la legislación vigente.

Designado las siguientes a la Dirección de Alimentos y Bebidas:

"1. Analizar y proponer a la Dirección General la definición de estrategias e instrumentos para la ejecución adecuada de las políticas y para la aplicación de las disposiciones legales vigentes en materia de vigilancia y control de alimentos y bebidas y demás afines a su naturaleza.

2. Proponer a la Dirección General los lineamientos y criterios técnicos del modelo de inspección, vigilancia y control bajo el enfoque de gestión de riesgo y coordinar y responder por su implementación técnica, en lo de competencia de la dependencia.

3. Adelantar la valoración y análisis del riesgo en las actividades de competencia de la dependencia y elaborar los informes correspondientes a la decisión de intervención y tratamiento del mismo, comunicando los resultados y acciones a seguir a la Dirección General de la Entidad y a las demás instancias que ésta determine.

4. Difundir lineamientos técnicos de cada uno de los programas responsabilidad de la Dirección, con el fin de llevar a cabo su implementación por la Dirección de Operaciones Sanitarias.

5. Realizar la supervisión a la implementación de las acciones adoptadas como resultado del informe de la decisión de intervención y tratamiento del riesgo en materia de su competencia y coordinar con la Dirección de Operaciones Sanitarias, la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar.

6. Hacer seguimiento al impacto de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de inocuidad en alimentos y bebidas y proponer a la autoridad competente los ajustes que se consideren pertinentes.

7. Proponer a la Dirección General la adopción de los procesos y procedimientos para la expedición de los registros sanitarios de los alimentos y bebidas y demás afines a su naturaleza y al procesamiento, notificación y comunicación de los actos administrativos e información que de ellos se derive.

8. Dirigir, organizar, operar, disponer y controlar, en coordinación con las otras Direcciones los registros sanitarios de los productos alimentos y bebidas y demás afines a su naturaleza, así como los servicios de información asociados a éstos.

9. Coordinar con las autoridades competentes, la vigilancia sanitaria, alertas y respuestas ante eventos o riesgos relacionados o asociados a la inocuidad de los alimentos y bebidas, dentro del ámbito de sus competencias.

10. Apoyar a la Comisión Revisora en el desarrollo de las actividades que ésta adelante, relacionadas con los alimentos y bebidas y demás afines a su naturaleza.

11. Expedir los actos administrativos relacionados con los asuntos de su competencia o los que le sean delegados.

12. Proponer a la Dirección General las normas técnicas que se requiera adoptar por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para la evaluación, producción, comercialización, vigilancia de los productos, garantía de la calidad, buenas prácticas, procedimientos de vigilancia y control sanitario, en materia de su competencia.

13. Adelantar y hacer seguimiento a los programas de pre y post comercialización.

14. Diseñar, formular y ejecutar los programas de control oficial, reducción de patógenos y de residuos de medicamentos de uso veterinario, plaguicidas y contaminantes químicos de los alimentos y bebidas.

15. Establecer mecanismos de coordinación con las demás autoridades sanitarias para el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por alimentos, en el marco de las competencias institucionales.

16. Diseñar y participar en la ejecución de estudios toxicológicos, para garantizar la inocuidad de los alimentos y bebidas.

17. Asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los entes territoriales, en la materia de competencia del área.

18. Asesorar y apoyar técnicamente, en coordinación con la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, a la Dirección General en la formulación de políticas, directrices, programas, planes y proyectos relacionados con los laboratorios del INVIMA y de la Red de Laboratorios, de acuerdo con las competencias del Instituto.

19. Participar, en coordinación con la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad, en la formulación y divulgación de las normas científicas y técnicas que sean aplicables al fortalecimiento de la Red de Laboratorios.

20. Realizar las solicitudes de análisis de los productos de competencia de esta Dirección para que sean gestionados y practicados por los laboratorios del INVIMA.

21. Emitir conceptos técnicos relacionados con las buenas prácticas de manufactura y las demás que establezcan las disposiciones legales vigentes.

22. Apoyar a la Dirección General, en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales, en la formulación, preparación y desarrollo de planes, programas y proyectos de cooperación técnica internacional y participación en foros internacionales, que faciliten el acceso a los mercados internacionales.

23. Participar en la elaboración de las estrategias de articulación intersectorial e interinstitucional en los ámbitos nacional e internacional en materia de prevención de riesgos en los alimentos y bebidas, en coordinación con las demás dependencias.

24. Analizar y proponer el fortalecimiento del sistema de información relacionado con la evaluación, producción, comercialización, vigilancia de los productos, garantía de la calidad, programas de buenas prácticas, programas pre y post comercialización, procedimientos de vigilancia y control sanitario de los alimentos y bebidas y demás afines a su naturaleza.

25. Realizar actividades permanentes de información y coordinación con los productores y comercializadores y de educación sanitaria con los consumidores, expendedores y la población en general sobre cuidados en el manejo y uso alimentos y bebidas y demás afines a su naturaleza.

26. Realizar el control de la publicidad en materia de su competencia de conformidad con las normas vigentes.

27. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

28. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia"

4.3. De los rótulos

Según la Real Academia de la Lengua Española el rótulo es el "letrero o inscripción con que se indica o da a conocer el contenido, objeto o destino de algo, o la dirección a que se envía"[30], y fue reglamentado por primera vez en la Ley 9º de 1979, "por la cual se dictan Medidas Sanitarias" en el artículo 271 en el que precisó:

"Artículo 271º.- Los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, llevarán un rótulo en el cual se anotarán las leyendas que determine el Ministerio de Salud:

Nombre del producto;

Nombre y dirección del fabricante;

Contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI;

Registro del Ministerio de Salud; y

Ingredientes.

Parágrafo.- Lo establecido en este artículo no se aplicará a los alimentos o bebidas que se fraccionen y expendan en el mismo establecimiento. El Ministerio de Salud señalará las condiciones de identificación de estos productos cuando considere que su venta dé lugar a falsificación o a riesgos para la salud."

Así mismo, en el artículo 272 ejusdem señaló que en "los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida", y en el artículo 447 ibidem le otorgó al Ministerio de Salud[31] la facultad de reglamentar la utilización de rótulos, etiquetas, envases y empaques para determinados productos, por lo que se evidencia que la voluntad del legislador de 1979 era que la entidad que vigilaba el cumplimiento de las normativas de sanidad fuera la misma que se cerciorase de que el rotulado de los productos no indujera al consumidor a falsas valoraciones, situación que se mantiene hasta nuestros tiempos.

En cumplimento del mandatado contenido en el artículo 565[32] de la ley anterior, el INVIMA, acorde con lo reglado en el Decreto 1266 de 1994, profirió la Resolución 243710 del 30 de septiembre de 1999, mediante la cual fijó pautas sobre las etiquetas, empaques y rótulos. Al respecto consagró:

"ARTICULO PRIMERO: Los titulares y solicitantes de Registros Sanitarios de (medicamentos, cosméticos y demás) productos cuyas etiquetas, empaques o rótulos deban ser sometidos a aprobación del Instituto, deberán presentar con la solicitud del Registro Sanitario, los bocetos o artes finales. (Estos deben contener la información legal correspondiente y la identificación de colores).

Parágrafo: En el evento, que en el proceso de aprobación del producto, se hagan observaciones por parte del Instituto a las etiquetas, rótulos o empaques, en la Resolución que por la cual se concede el Registro sanitario se hará la correspondiente anotación y el interesado dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de notificación de la misma, deberá enviar al INVIMA la etiqueta, empaque o rótulo final que aparece en el producto que está siendo o va a ser comercializado."

Posteriormente la Resolución 5109 de 2005 "por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano" expedida por el Ministerio de la Protección Social "con el fin de proteger la salud y calidad de vida y en aras de contribuir a satisfacer las necesidades alimenticias, nutricionales y de salud, es necesario definir los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir las materias primas para alimentos y los alimentos para consumo humano envasados o empacados, basados en información clara y suficiente que no induzca a error o engaño a los consumidores".

En el artículo 19 señaló que los entes encargados de la vigilancia y control de los rotulados son el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y las Direcciones Territoriales de Salud, para lo cual, podrán aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 576 y 577 de la Ley 9ª de 1979 y se regirán por el procedimiento establecido en el Decreto 3075 de 1997 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

4.4. Del asunto sometido a consideración de la Sala

De los acápites anteriores concluye la Sala que el INVIMA ejerce la vigilancia sanitaria y el control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos, productos de higiene, los generados por biotecnología, entre otros, de acuerdo con la competencia que le fue asignada por el Decreto 1290 de 1994.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce el control y vigilancia de lo que tiene que ver con el régimen de protección al consumidor, especialmente lo relativo a control de precios y propaganda comercial engañosa y competencia desleal.

Por lo que es viable concluir que las funciones del INVIMA, hacen relación al control de calidad y condiciones de salubridad de algunos productos y las de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encaminan realizar el control de registro de las marcas y patentes y a hacer respetar el régimen de protección al consumidor, por lo que las funciones de estas dos entidades no se contraponen ni se excluyen, sino que se entrelazan y armonizan.

Para el caso en concreto de las bebidas energizantes, las condiciones de calidad y seguridad son controladas por el INVIMA, mientras que lo que refiere a precio, medida, etc., es vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio, en procura de hacer respetar el régimen de protección al consumidor.

Es en cumplimento de lo mentado que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 15720 del 30 de mayo de 2003[33] concedió a la Comercializadora Lizarralde S.A., por un término de 10 años, el registro de la marca mixta Erektus:

Por su parte el INVIMA, por medio de la Resolución 200212279 del 17 de junio de 2002[34], concedió el Registro Sanitario N° RSiA15I9102, bajo la modalidad de importador y vendedor, del producto Erektus Energy Drinks de la marca Erektus, a la sociedad Comercializadora Lizarralde S.A., precisando que los derechos que se derivan de dicha Resolución quedaban sujetos al control posterior que debe realizar de conformidad con el Decreto 612 de 2000.

En ejercicio de la facultad concedida por el Decreto 612 de 2000, el INVIMA, mediante Auto N°2002005063 del 26 de septiembre de 2002, acto demandado, le informó a la sociedad Comercializadora Lizarralde que debía cumplir con los siguientes requerimientos y que de no corregirse, transcurridos diez días hábiles a partir del día siguiente a la notificación en estado del mismo, el registro sanitario quedaría suspendido:

"?  Justificar tecnológicamente y/o nutricionalmente la utilización de los extractos de hierbas (tumea difusa, schizandra chinesis, ilex, paraguaryensis), indicando el contenido de las mismas en 100 gramos o mililitros de producto terminado.

?  Allegar certificado de libre venta expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen, apostillada o en su defecto consularizada y avalada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

?  Toda la documentación proveniente del exterior debe venir apostillada o en su defecto consularizada y avalada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y traducida al idioma castellano.

?  Ajustarse a los conceptos emitidos por la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, por consiguiente deberá allegar etiquetas debidamente corregidas.

Acta 06/2002 de fecha mayo 27 de 2002:

Para la comercialización y expendio deberá cumplir las siguientes condiciones de rotulado y publicidad:

1. Expresar en forma clara, visible y destacada la categoría o denominación del producto «bebida cafeinada".

2. No podrá hacer alusión, mención o sugerir propiedades terapéuticas, preventivas, curativas o especiales que induzca a error, engaño o confusión al consumidor.

3. No podrá hacer mención, alusión o sugerir acción farmacológica alguna.

4. El producto sólo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población adulta.

5. Para efectos de la obtención de registro sanitario debe presentarse la composición cuantitativa del producto y los artes finales del rotulado.

Acta 08/2002 de fecha 19 de julio de 2002:

La SEABA conceptúa que el rotulado e ilustración marcaria que aparece en la lata del producto bebida energizante marca Erektus, contraviene la legislación sanitaria vigente sobre el particular por cuanto induce a error, engaño o confusión al consumidor y por tanto, recomienda que el producto en cuestión ajuste el rotulado y condiciones de comercialización a lo conceptuado en el Acta 06/2002, igualmente la marca erectus no puede aceptarse para esta categoría o clase de producto (alimento), conforme lo estipula el artículo 272 de la Ley 9° de 1979. Igual mención o consideración se hace para el logo o figura que aparece en la lata. (...)".

La Sociedad Comercializadora Lizarralde S.A., mediante escrito del 10 de octubre de 2002, dio respuesta a los requerimientos anteriores señalando los respetivos valores y justificando el uso de los extractos de hierbas señaladas, precisó que el certificado de libre venta fue allegado junto con la solicitud del registro sanitario.

Respecto a la utilización del nombre o marca Erektus y la figura o logo que están en la lata del producto indicaron "que la denominación Erektus y la figura (reproducción de un dibujo del arte rupestre) no contravienen lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley 9° de 1979, ya que Erektus o Erectus es sinónimo de erguido, palabra usualmente asociada como adjetivo a los sustantivos HOMO y PlTECANTHROPUS" por lo que señaló que "la connotación que quiere transmitir el fabricante del producto es la de 'primero de la especie' de las bebidas energéticas (cafeinadas). Para reforzar el mensaje que se quiere dar con la palabra Erektus, se reproduce una figura del arte rupestre, que, en nuestra opinión, no alude a propiedades medicinales o nutritivas ni es una especificación falsa sobre la naturaleza, composición o calidad del alimento o bebida o induce a error, engaño o confusión al consumidor."[35]

No encontrando de recibo las explicaciones de la vigilada, mediante  Oficio No. 2003000769 del 20 de febrero de 2003, -acto demandado-, el INVIMA, informa a la Comercializadora Lizarralde S.A. la suspensión del registro sanitario del producto Erektus Energy Drinks por cuanto no se dio respuesta satisfactoria al requerimiento realizado mediante Auto N° 2002005063 del 26 de septiembre de 2002.

Como se evidencia la suspensión del registro sanitario se dio por el incumplimiento de las normas de rotulado del producto Erektus, siendo este asunto competencia del INVIMA, pues como se mencionó con antelación, el legislador de 1979, mediante la Ley 9ª, concedió la competencia de verificar que los rótulos y etiquetas con el propósito de proteger al consumidor para que no lo indujeran a falsas valoraciones respecto del producto, ya que en esta entidad recae la competencia de vigilancia del cumplimiento de las normativas de sanidad, por lo que no existe en este caso un doble juicio marcario, puesto que dista el registro de la marca, el cual fue superado y por ende concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio y otro el control del rotulado del producto, en el que presentó problemas.

Por lo que fue en cumplimiento de ese mandato legal y de la regulación realizada en la Resolución 2387 de 1999, en la que se indicó que la etiqueta o rótulo de los alimentos no debía describir o presentar el producto alimenticio envasado de una forma falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una concepción errónea respecto de su naturaleza del producto, por lo que el INVIMA ordenó a la Comercializadora Lizarralde S.A. el cambio en el rótulo y ante el incumplimiento de este requerimiento suspendió el registro sanitario de la bebida energizante Erektus.

Para tal fin aplicó lo señalado en el artículo 272 de la Ley 9º de 1999 que prohibió, en los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida.

Esto se ve reforzado con la Interpretación Prejudicial expedida para el presente asunto, en la que se indicó que lo atinente al registro sanitario aún no ha sido regulado por la Comunidad Andina, por lo que se debe recurrir a la normativa nacional, ello en virtud del principio de complemento indispensable, el cual ha sido entendido por la jurisprudencia del Consejo de Estado de la siguiente forma:[36]

iii) Que en tal virtud se debe observar el principio de complemento indispensable, que consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura" , según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

(iv) Que cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria; y".[37]

Teniendo en cuenta lo anterior, y acudiendo al principio de complemento indispensable, la Sala concluye que el INVIMA sí tiene competencia para verificar el cumplimiento de la normativa de los rótulos y etiquetas del producto Erektus Energy Drinks + Figura humana del arte rupestre y para suspender el registro sanitario del producto ante la violación de las normas de la legislación sanitaria vigente, no encontrando mérito en los argumentos de alzada para desvirtuar la presunción de acierto de la sentencia proferida por el Tribunal a quo.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 8 de julio de 2010, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "B" negó las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con los argumentos atrás plasmados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de julio de 2010, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "B" negó las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejera

ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero

[1] Folios 239-248.

[2] Poder a folio 64.

[3] Medio de control consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A. Demanda presentada el 9 de julio de 2003.

[4] Folios 22 – 23.

[5] Artículo 272º.- En los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida.

[6] Folio 69.

[7] Folios 80-94.

[8] Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 9° de 1979 y la Norma Técnica Colombiana NTC-512-1, acogida mediante la Resolución N° 2387 de 1999 del Ministerio de la Protección Social

[9] Folio 99.

[10] Folio 176.

[11] Escrito de la parte actora visible a folios 177 a 189 y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA- a folios 193 a 198.

[12] Folios 204 - 238.

[13] Folios 239-249.

[14] Folio 4 del Cdno 2.

[15] Folio 7 del Cdno 2.

[16] Folios 17-32 del Cdno. 2

[17] Folios 8-17 Cdno. 2

[18] Folios 37-42 Cdno. 2

[19] Proceso 205-IP-2013.

[20] Folios 51-60 del Cdno. 2

[21] "El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión."

[22] Folio 2.

[23] Folios 53 al 54.

[24] Folio 55.

[25] http://www.sic.gov.co/mision-y-vision

[26] Negrilla no es del original.

[27] «El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece».

[28] Diario Oficial No. 40704 del 31 de diciembre de 1992.

[29] Decreto No. 3523 de 2009 y Decreto No. 1687 de 2010.

[30] http://dle.rae.es/?id=Wkb2FOd

[31] Actual Ministerio de la Protección Social.

[32] Corresponde al Ministerio de Salud la oficialización de normas técnicas colombianas para todos los productos que cubre esta Ley. Para este efecto, podrá solicitar concepto del Consejo Nacional de Normas y Calidades o de personas jurídicas o naturales versadas

[33] La SIC mediante Resolución 1427 del 29 de enero de 2003 negó el registro de la marca Erektus por encontrar una similitud fonética con una marca registrada a nombre de la señora Diana Soraya Vásquez, la Comercializadora Lizarralde S.A. presentó recurso de reposición en el que manifestó que ellos había suscrito junto con la señora Vásquez un contrato de cesión de derechos de la marca Erektus.

[34] Folio 29 del anexo.

[35] Folio 8  al 5 de los anexos.

[36] Postura acogida por la Sección Quinta en el fallo del 22 de febrero de 2018, con ponencia de la doctora Rocío Araújo Oñate, Radicación Número: 44001233100020070029401. Demandante: Sociedad BUS- VEN C.A.  Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

[37] Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente (E): Carlos Enrique Moreno Rubio, treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación Núm:11001032400020110028200 Actor: Ropsohn Therapeutics Ltda.  Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Ir al inicio

Guía de uso normograma Invima
logoaj
Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.
"Normograma del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA"
Última actualización: 21 de septiembre de 2020
Fecha de Diario Oficial: Septiembre 7 de 2020 (No. 51430)

Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.